Trece hechos irregulares de distintos grados de complejidad dejó al descubierto la Contraloría Regional de Los Ríos tras realizar una auditoría al proceso de ejecución y control presupuestario y a los gastos Covid-19 en la Municipalidad de Paillaco.

Las anomalías detectadas por el ente contralor están contenidas en el Informe N°819/2020, publicado a mediados de febrero de este año, documento que ha pasado prácticamente inadvertido para la comunidad paillaquina que está a pocos días de tener a un nuevo alcalde, quien eventualmente tomará medidas al interior del municipio.

Según el informe, “la fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, efectuar un examen de cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019”. Además, agrega que “adicionalmente, se realizó un examen de cuentas a los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en materias de publicidad y difusión y con motivo del COVID-19”.

Entre las observaciones de alta complejidad se destaca “la falta de antecedentes de respaldo de las cargas de combustible por un total de $54.550.000”, y pagos por un monto de $3.172.540 en que “no se acompaña los antecedentes que permitan verificar la efectividad de la prestación de los servicios”, por concepto de difusión y publicidad. En ambos casos la Contraloría ordenó enviar a ese órgano de control los respectivos documentos o registros para regularizar los casos.

Sumarios administrativos

La auditoría al municipio paillaquino descubrió que “se efectuaron compras por convenio marco superiores a las 1.000 U.T.M, que se pagaron servicios sin que las órdenes de compra estuviesen aprobadas por el proveedor, que se recepcionaron facturas emitidas antes de que se enviaran las órdenes de compra al proveedor y la prórroga de un contrato sin que ello estuviese considerado en las bases de la licitación, todo lo que no se ajusta a la ley N° 19.886 y su reglamento”. Por este motivo se ordenó instruir un sumario administrativo para “determinar las eventuales responsabilidades de aquellos funcionarios que participaron de estos procedimientos, remitiendo el acto administrativo que lo ordena, en un plazo de 15 días hábiles a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República”.

Asimismo, el profesional a cargo de la auditoría detectó que el municipio local “no suscribió el contrato correspondiente por la compra de abarrotes por un monto de $11.050.310”, vulnerando con ello la normativa que regula las compras públicas. Por esto, también se ordenó un sumario administrativo contra aquellos funcionarios que tomaron parte en el procedimiento.

Falencias

El informe también da cuenta de las falencias que presenta el municipio de Paillaco en materia de control y funcionamiento de las unidades relacionadas con el manejo de los recursos financieros. Indica que “se constató que esa entidad carece de instancias de control que permita verificar el saldo de deudores que se expone en el Balance de Comprobación y Saldos, toda vez que se constató que el análisis de cuenta de los contribuyentes morosos, está compuesta por deudores fallecidos y funcionarios municipales, saldos que datan del año 2015, RUN iguales a cero y su total no concuerda con los respectivos estados financieros”. Más adelante se puntualiza que 34 personas que figuraban como deudoras estaban fallecidas.

Asimismo, se pone de relieve que “se verificó que la Municipalidad de Paillaco no dispone de los mecanismos que le permitan asegurar la correcta elaboración de las conciliaciones bancarias” de una cuenta de fondos ordinarios y que “si bien, la totalidad de las conciliaciones bancarias están firmadas y timbradas por dos personas, no se identifican sus nombres y cargos, por lo que no resulta posible identificar a los funcionarios que las confeccionan, revisan y aprueban”.

Además, se constató que la entidad edilicia “carece de un mecanismo que le permitan asegurar el pago oportuno de sus obligaciones con terceros, advirtiendo situaciones en las que se ha dilatado el pago hasta en 282 días hábiles, una vez éste se ha hecho exigible”.

Transferencia a organizaciones

Otro hecho irregular detectado por la Contraloría Regional fue la transferencia de recursos a organizaciones sociales en enero de 2019, donde “el municipio transfirió $3.000.000, a organizaciones sociales sin contar con acuerdo del Concejo, ni un acto administrativo totalmente extendido”. Al respecto se menciona que “la letra h) de la ley N° 18.695, precisa que el alcalde requerirá del acuerdo del concejo municipal para “Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, y ponerles término”, situación que en este caso no habría ocurrido.