Un nuevo revés judicial sufrió la Ilustre Municipalidad de Paillaco, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de protección presentado por el psicólogo Santiago Humberto Jara Garcés, ordenando su inmediato reintegro a funciones en el sector rural de Pichirropulli y el pago de todas las remuneraciones adeudadas desde enero hasta diciembre de 2025.

Este caso se suma a una serie de fallos adversos para la administración municipal, siendo el segundo profesional del área de la salud que debe ser reincorporado por orden judicial, tras la decisión de la Corte de acoger recursos presentados por funcionarios desvinculados de forma irregular.

En su resolución, el tribunal sostuvo que la decisión del municipio de contratar al psicólogo solo por dos meses para luego cesarlo, a pesar de compromisos previos, vulneró derechos constitucionales. El fallo establece que:

“Así las cosas, el término de la contrata de la recurrente, provocado en la práctica por la contratación por solo dos meses y su decisión de no renovarla, contrariando lo comunicado con anterioridad, debió haberse dispuesto por un acto fundado y, atendida la deficiente fundamentación del decreto impugnado, este deviene en ilegal y arbitrario, lesionando la garantía de igualdad del actor y de propiedad respecto de sus remuneraciones, reconocidas en el artículo 19 Nº2 y Nº24 de la Constitución Política de la República.”

En consecuencia, la Corte resolvió:

“Se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por Santiago Humberto Jara Garcés en contra de la Ilustre Municipalidad de Paillaco, debiendo la recurrida prorrogar la contratación del recurrente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, sin solución de continuidad”.

Este fallo obliga a la Municipalidad de Paillaco a reincorporar al profesional y a pagar la totalidad de sus sueldos y beneficios correspondientes al período 2025, como si hubiese estado en funciones de forma continua.

La resolución reafirma principios fundamentales como la legalidad de los actos administrativos, el respeto a la igualdad ante la ley y la protección de los derechos laborales en el sector público, y se suma al creciente escrutinio judicial sobre las decisiones adoptadas por la administración local en materia de personal.