En sus primeros 90 días de gestión, el alcalde Navarrete tomó la decisión de despedir a 14 profesionales, técnicos y administrativos que trabajaban en la Estrategia Nacional de Salud Rural que había sido implementada en la administración anterior.

   La medida generará que 2.000 atenciones mensuales dejen de entregarse en Reumen, Pichirropulli, La Luma, Itropulli, Santa Filomena, Santa Rosa, entre otros sectores rurales.

   Esta decisión, ampliamente cuestionada por las comunidades rurales, además de un retroceso sanitario, significará con un costo bolsillo de 90 millones de pesos mensuales para las familias rurales, ya que ahora deberán trasladarse a Paillaco para poder recibir las atenciones que antes llegaban a sus sectores. La idea sería volver al sistema de rondas rurales que fueron implementadas en la década del 90 del siglo pasado.

   Cristian Navarrete, quien es profesor de educación básica, ante miembros del concejo municipal y de dirigentes gremiales ha argumentado que su decisión se basa en un deficit económico que habría heredado del alcalde Carrasco, argumento que fue desestimado por dirigentes gremiales locales y regionales, ya que el costo mensual de los trabajadores despedidos fue aprobado en el presupuesto municipal para el 2025 y "no se entiende como si existe un deficit en salud, se gastan 100 millones de pesos en fiesta de verano, nuestras prioridades son otras" manifestó una trabajadora de salud que prefirió mantener el anonimato por miedo a represarias.

   "En su campaña electoral, el alcalde Navarrete nos prometio que no iba a debilitar nuestros logros en salud rural, y no cumplió, cambio todo lo que dijo que jamás cambiaría", expresó una dirigente rural bajo protección de anonimato.

ACCIONES JUDICIALES Y DESPROLIGIDADES

    Los profesionales desvinculados acusaron despido injustificado ante la Contraloría Regional de Los Rios, acción que comenzó a ser investigada por el órgano contralor a hace 15 días.

   El 28 de febrero fue el ultimo día laboral para una enfermera, dos podólogas, un psicólogo, una asistente social, dos tens, dos kinesiólogos y un administrativo.

   La fuerte presión ciudadana de Itropulli y Reumén habría permitido el retorno de un kinesiólogo y un matrón, respectivamente, y la desproligidad del Desam el retorno de un psicólogo que se salvó de la cesantía gracias a que tenía legítima confianza.